El pasado 16 de enero Ucrania presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU con el objetivo de responsabilizar a la Federación de Rusia por haber cometido actos de terrorismo y discriminación en el transcurso de su agresión contra Ucrania.

El camino judicial escogido por el Gobierno de Ucrania y preparado por varios grupos de abogados de renombre internacional, pasa por utilizar los mecanismos previstos por algunos  convenios internacionales de que ambos países – Ucrania y Rusia – son partes y cuyas provisiones son obligatorias para todos los estados-partes. Para esta demanda puntual fueron escogidos dos documentos específicos: el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1999) y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (aprobada por el mismo órgano el 21 de diciembre de 1965).

Con respecto al primer documento Ucrania acusa a la Federación de Rusia de violar el Convenio por medio de provisión de armas y otros tipos de ayuda a grupos armados ilegales que han cometido una serie de actos terroristas en el territorio de Ucrania. Estre los ataques terroristas más trágicos de los títeres rusos se mencionan por ejemplo el derribo del avión malasio del vuelo MH17 en julio de 2014 que provocó la muerte de casi 300 personas, el bombardeo indiscriminado de barrios residenciales de las ciudades de Mariupol y Kramatorsk, la destrucción de un ómnibus civil de pasajeros cerca de Volnovaja y muchos más.

En particular, en el ámbito de la demanda se le exige a Rusia a parar inmediata e incondicionalmente todo tipo de apoyo, incluida la provisión de dinero, armas y entrenamiento a grupos armados ilegales que están involucrados en actos de terrorismo en Ucrania; retirar todas las armas y municiones suministradas a dichos grupos armados del territorio de Ucrania; establecer el control apropiado sobre los tramos de la frontera con Ucrania no controlados para prevenir nuevos actos de suministro de armas a los terroristas; poner fin al financiamiento de terrorismo por parte de las autoridades rusas; cooperar con Ucrania en todos los pedidos de asistencia jurídica, tanto corrientes como futuros, relacionados con la investigación y la prohibición del financiamiento del terrorismo; hacer la reparación completa por el derribo del avión malasio MH17, así como por los bombardeos de población civil en Volnovaja, Mariupol y Kharkiv.

En lo que concierne a la segunda Convención, Ucrania afirma que Rusia está violando sus estipulaciones al promover la discriminación con relación a las comunidades no rusas que residen en el territorio ocupado de la península de Crimea, específicamente las de los tártaros de Crimea y de los ucranianos étnicos. Las autoridades de ocupación rusas están llevando a cabo una política de exterminación de dichas comunidades a través de la prohibición de las actividades del Mejlis (órgano representativo del pueblo tártaro de Crimea), desapariciones forzadas, asesinatos, allanamientos arbitrarios, detenciones, el cierre de varios medios de comunicación, así como a través de restricciones para el estudio de los idiomas ucraniano y tártaro.

Con este fin, se le exige a Rusia, como autoridad de ocupación de Crimea, en particular, a parar de inmediato con las prácticas de la exterminación política y cultural de los tártaros de Crimea y de los ucranianos étnicos; restaurar la actividad del Mejlis del Pueblo Tártaro de Crimea y los derechos de los tártaros; tomar medidas apropiadas para poner fin a desapariciones, asesinatos, allanamientos y detenciones de los tártaros de Crimea; devolver licencias y permitir el funcionamiento libre de los medios de comunicación y centros educativos de los tártaros de Crimea y de los ucranianos, incluyendo la enseñanza de los idiomas tártaro y ucraniano.

Cumpliendo con los requisitos de dichos instrumentos internacionales, previo a la presentación de la demanda la parte ucraniana mantuvo 13 rondas de reuniones con la parte rusa para discutir todas las acusaciones de violaciones presentadas y tratar de resolver el asunto por la vía arbitral (8 reuiones en el ámbito del primer Convenio y 5 en el marco de la segunda Convención) y dirigió a la parte rusa un total de 65 notas verbales. Apenas después de cumplidas esas formalidades de rigor y considerando la intransigencia y la falta de voluntad de la parte rusa para llegar a un acuerdo, se optó por el camino de la formalización de pleitos.

Las autoridades ucranianas se dan cuenta perfecta de que los procesos dentro de la Corte Internacional de Justicia se desarrollan según sus propios procedimientos y cronogramas y pueden durar varios años. Por esta razón, la parte ucraniana solicitó a la Corte que mientras duren los procedimientos del juicio de los méritos por parte de la Corte, sean introducidas medidas temporales con vistas a prevenir la continuación de la violación de los derechos humanos por Rusia.

Si esas medidas fueran introducidas, eso significaría una cosa: la máxima instancia judicial de las Naciones Unidas ha reconocido las demandas de Ucrania contra Rusia. Esperamos que todo el mundo pueda ver los resultados de esos procedimientos judiciales que tienen por fin probar el papel del Kremlin en el apoyo y financiamiento del terrorismo. Con eso quedaría bien evidente para todo el mundo lo que el Presidente y el Gobierno de Ucrania vienen afirmando desde ya hace bastante tiempo: un país que está tan activamente involucrado en el terorrismo, no puede ser socio confiable en la lucha antiterrorista global, sea en Siria, Iraq o en cualquier otro punto del globo.

Por otro lado, la apertura del proceso contra Rusia en el ámbito de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial en conjunto con la resolución sobre la situación de los derechos humanos en la Crimea ocupada por Rusia, aprobada por la Asamblea General de la ONU el pasado 19 de diciembre, abren el camino legal para la de-ocupación pacífica de la península ucraniana y su reintegración a Ucrania.

Estamos seguros de que tarde o temprano Moscú tendrá que responder por sus atrocidades y crímenes cometidos tanto en Ucrania como en otros puntos del planeta, y las futuras decisiones de los órganos de Justicia Internacional mostrarán a todo el mundo la verdad sobre el estado-agresor que en el pleno siglo XXI llegó a violar descaradamente las reglas y normas básicas del dercho internacional.